A través de comunicados de prensa y videos, varios colectivos sociales y manifestantes en el municipio de Ubaté, Cundinamarca, denunciaron amenazas de muerte en el marco del paro nacional que ya completa dos semanas.
La Asociación de Educadores de Cundinamarca (Adec), fue la primera en pronunciarse, al rechazar y denunciar la “estigmatización y persecución contra nuestra presidente de la subdirectiva Sara Ayde Santana, quien, en medio de una protesta pacífica con estudiantes y camioneros, fue abordada y amenazada para que no siguiera liderando dichas actividades”, indican.
En el comunicado también se exige que las autoridades municipales, departamentales, personería y defensoría del pueblo permitan “el pleno ejercicio de la actividad docente y las garantías para los líderes sociales”.
Adec responsabiliza a los gobiernos nacional, departamental y municipal por “cualquier hecho de violencia en contra de nuestros líderes”, culmina.
A su turno, la líder social campesina, Rosa Rodríguez, realizó un llamado de atención. “Quiero hacer un llamado urgente a la provincia de Ubaté. En mi caso me bloquearon mis páginas por cuatro días y me hicieron rastreo. Vienen persiguiendo a los líderes de esta región y personalmente le hago un llamado a la ONU (Organización de Naciones Unidas) que está en Colombia, que antes que suceda una masacre en Ubaté, haga presencia, porque yo no confío en los entes de control, no confío en una administración municipal, donde hemos sido estigmatizados, señalados y acusados, por el simple hecho de defender los derechos de las comunidades”, señala.
Advierte que hay personas que no han podido salir de sus hogares por las amenazas de las cuales han sido objeto.
A su vez, desde la coordinación juvenil “Ubaté Resiste Sumercé”, varios jóvenes se manifestaron por los hechos de violencia presentados en el municipio, haciendo referencia a las amenazas recibidas y las acciones policiales presentadas en la madrugada del sábado, 8 de mayo de 2021. “Durante este procedimiento se presentaron hechos antireglamentarios respecto a los protocolos que debe manejar la institución, entre ellos el uso de presuntas armas no letales, gas lacrimógeno, aturdidoras y munición traumática de forma ajena al protocolo establecido”, expresaron.
Manifiestan que los jóvenes y líderes que alzaron la voz públicamente en las diversas movilizaciones, han recibido amenazas de muerte y en contra de su bienestar. “Esto constituye un atentado directo a los derechos básicos a la vida y la integridad”.
Instan a la Alcaldía, Policía y Personería Municipal “a manifestar una posición clara y acorde a las garantías constitucionales y exigimos una disculpa pública por parte del alcalde, Jaime Torres y el Mayor de la Policía Diego Álvarez”.
Culminan recalcando que se continuarán manifestando desde la cultura, las artes, el diálogo y la movilización social pacífica, “buscando velar por los derechos de la comunidad ubatense, invitando a la ciudadanía de la región para que se articule con las diferentes expresiones que recoja su posición, protegiendo desde su autonomía los derechos que tenemos todos los ciudadanos”.
Cabe recordar que, de acuerdo al último informe presentado por la Defensoría del Pueblo, ya son 42 personas fallecidas en lo que va corrido de las manifestaciones del paro nacional. Así mismo, la entidad reportó 104 quejas de violaciones a derechos humanos y 116 personas desaparecidas. Sin embargo, diversas fundaciones a lo largo del país, advierte que este número es mayor.