Una mujer fue judicializada por su presunta responsabilidad en hechos de maltrato animal relacionados con el manejo de un hogar de protección canina ubicado entre las veredas Vático y Eseas, en el municipio de Carmen de Carupa, Cundinamarca.
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el lugar recibía donaciones y aportes materiales destinados a la manutención de perros recuperados de situaciones de abandono o de riesgo en las calles. Sin embargo, las investigaciones indican que el inmueble habría operado en condiciones que afectaban la salud y el bienestar de los animales.
En diligencias realizadas en diferentes momentos por la Fiscalía, en coordinación con la Policía Nacional y el Instituto de Protección y Bienestar Animal de Cundinamarca (IPYBAC), se estableció que en el predio llegaron a permanecer más de 300 perros en condiciones de encierro.
Durante una visita efectuada el 12 de agosto de 2022, las autoridades encontraron animales sin acceso suficiente a alimento y agua, además de un entorno que, según la investigación, no contaba con la infraestructura ni los recursos necesarios para garantizar su adecuada protección.
La Fiscalía indicó que varios de los caninos presentaban cuadros de desnutrición, enfermedades y lesiones que comprometían su integridad física.
Por estos hechos, un fiscal del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA) imputó a María Constanza García Aguirre, propietaria del albergue, el delito de maltrato animal.
La procesada no aceptó el cargo formulado por la Fiscalía.
