La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada presentó el proyecto de resolución que reglamenta la Ley 2454 de 2025, conocida como “Ley Lorenzo”, con el fin de establecer estándares obligatorios para el uso de caninos en el servicio de vigilancia privada en el país.
Según la entidad, la iniciativa actualiza la normativa vigente y fija lineamientos en aspectos relacionados con el bienestar animal, el entrenamiento, la prestación del servicio, la responsabilidad empresarial y el retiro de los ejemplares tras su vida laboral.
Durante la presentación, la Superintendencia señaló que el proyecto incorpora el reconocimiento del perro como ser sintiente y prohíbe métodos de entrenamiento basados en castigos, dolor o violencia. Así mismo, define parámetros sobre alimentación, descanso, salud, esterilización e instalaciones, que deberán ser garantizados por las empresas habilitadas.
El superintendente Larry Álvarez indicó que el propósito es evitar prácticas que no cumplen estándares legales en el uso de animales dentro del sector. “Lo que buscamos con esta Ley es cerrar los vacíos legales e impedir que sigan presentándose prácticas inadecuadas con el uso de animales en el servicio de la vigilancia y la seguridad privada. Aquí hay un mensaje que es absolutamente contundente y es que el bienestar de los caninos no es negociable porque no podemos permitir que en el ejercicio y la práctica comercial del servicio de la vigilancia y la seguridad privada se siga abusando de los animales”, expresó el funcionario.
La propuesta también establece límites en la jornada laboral: un máximo de entre seis y ocho horas diarias por canino, así como el registro y certificación anual del talento canino ante la Superintendencia. De igual forma, fija condiciones para el uso de bozales, collares, caniles, camas y demás elementos necesarios para la actividad.
En cuanto al talento humano, el proyecto exige que guías y manejadores cuenten con acreditación vigente y formación en etología, bienestar animal y primeros auxilios caninos, de manera que la interacción se realice bajo criterios técnicos.
Desde el componente empresarial, la normativa plantea pólizas de responsabilidad civil equivalentes a 400 salarios mínimos mensuales legales vigentes, convenios con clínicas veterinarias, planes de bioseguridad y registro permanente de la información en el sistema RENOVA.
El retiro de los caninos del servicio deberá cumplirse tras seis años de actividad. Las empresas deberán garantizar su adopción responsable o, en su defecto, su cuidado permanente durante el resto de su vida.
La Ley lleva su nombre por el caso de “Lorenzo”, perro que prestaba servicios de vigilancia privada en Bogotá y cuyo maltrato motivó la revisión del marco regulatorio.
La Superintendencia informó que el proyecto recibió 130 comentarios durante la consulta pública y continuará su trámite para entrar en aplicación tras la expedición oficial de la nueva resolución.
