Durante los últimos 10 años, don Gregorio Hernández, un pequeño minero artesanal del municipio de Guachetá, ha dedicado su tiempo en tratar de resolver un llamado de la DIAN por una declaración de renta.

En 2008 contrató los servicios de un contador en Ubaté para organizar sus impuestos. Tiempo después le llegó una notificación porque al parecer la Dirección de impuestos encontró inconsistencias en la información suministrada. Como don Gregorio no sabe leer ni escribir, vuelve a pedir la asesoría del contador.

“La llevo y le digo que mire, que la DIAN me citó y él la recibe. Yo sigo yendo a preguntarle y me dice que espere que me llegue una citación y es así que me enredó todo el tiempo”, dice el afectado hombre.

La DIAN le notificó el embargo de su casa.

Desde hace cinco años perdió todo contacto con el contador y la DIAN le notificó un proceso de embargo por $500 millones y corre el riesgo de perder su casa en el municipio de Guachetá. Don Gregorio ya ha interpuesto dos acciones tutela buscando anular las acciones de la Dirección de Impuestos pero sin suerte alguna.

“Me conseguí un abogado y me cobró una plata por ir a verificar y mirar si se podía hacer algo y el salió y me dijo que sí se podía y me quitó otro poco de plata y eran mentiras. Lo único que he hecho es perder mas”, señala.

Tras dedicar 40 años de su vida a la minería artesanal en varios municipios de la provincia de Ubaté, ahora tiene que pagar una deuda millonaria y aunque pasó épocas de bonanza cuando se dedicaba de lleno a este oficio, hoy solo piensa en cómo salir de este laberinto. “Después del 2011 me ha tocado ir; que no he conseguido nada es muy diferente”, recalca.

Don Gregorio está pronto a cumplir 70 años. Su salud a causa de la angustia por deberle dinero al Estado se ha empeorado. Su único anhelo es poder cerrar este capítulo en su vida.

Se espera que 2,6 millones de personas presenten este año su declaración de renta para así recaudar cerca de dos billones de pesos.

Que no le pase a usted

Así como don Gregorio, usted puede pasar por dolores de cabeza. Por lo tanto revise sus ingresos brutos (sin descontar deudas y otras cosas) a diciembre 31 de 2017, ya que según la actualización al decreto 1625 de 2016, aquellos asalariados que recibieron hasta esa fecha una suma de $44.603.000 o superior, es decir, un salario de $3.716.916 mensuales o más, y que el 80% de esos ingresos provengan de un contrato laboral, tendrán que declarar.

Si cumple con alguna de las siguientes condiciones también tiene que presentar la declaración:

  1. Aquellas personas quienes sus ingresos ascendieron por encima de $44.603.000 o lo que es igual a 1.400 unidades de valor tributario (UVT), equivalente en 2017 a $31.859.
  2. Para quienes sus compras y/o consumos  con tarjetas de crédito superaron los $44.603.000 equivalente a 1.400 (UVT).
  3. Si su patrimonio bruto al finalizar el año sobrepasó los $143.366.000 equivalente a 4.500 (UVT).
  4. Que el valor por las consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras acumuladas fueron mayores a $44.603.000, equivalentes a 1400 unidades de valor tributario (UVT).

Si desconoce esta información o no quiere tomar riesgos, consulte a su contador de confianza.

REDACCIÓN LA VILLA