Habitantes de las veredas de Guatancuy, Soaga Bajo, Juan Pablo II, Getsemaní y barrio San José, en el municipio de Ubaté, se han visto afectados por la falta de iluminación en sus zonas, debido al hurto de las luminarias reemplazadas hace dos años.
Todo empezó en marzo de 2015 cuando el alcalde de ese entonces, Carlos Santana, firmó un contrato con la firma AGM Desarrollo S.A.S, (contratista que además obtuvo la concesión por 20 años), para que cambiara las cerca de tres mil bombillas que existen en el municipio, que eran de sodio, por unas bombillas LED, con el fin de ahorrar energía y optimizar los recursos.
El problema radica en que en el contrato firmado no se contempló que esas bombillas podían ser hurtadas. Es así que hay un vacío jurídico y no se sabe qué entidad debe reponer las luminarias. “Lastimosamente, el contrato de concesión tiene unos vacíos frente a los otros riesgos contingentes que se pueden dar: hurto, destrucción, desastre. Eso que no contempló la responsabilidad frente a quién asumiría ese espectro”, señaló Álvaro Leiton Chiquillo, asesor jurídico del municipio.
Para Leiton Chiquillo, el buen nombre de Ubaté a nivel nacional y regional frente a su honradez fue suficiente para no suponer que una situación de vandalismo se presentara. “En su momento no fue contemplado como riesgo porque la población de Ubaté goza de honorabilidad”, recalcó.
Ahora, tanto el municipio como el concesionario, que en su momento hizo el cambio de las bombillas, evalúan la situación para establecer quién debe reponer las luminarias.
Armando Neira, gerente de AGM Desarrollo S.A.S., sostiene que ya recibió 50 luminarias para empezar a reponer las 170 que se han robado, pero no puede instalarlas porque primero deben tener un plan de acción para evitar que las hurten de nuevo. Para ello, ya hicieron una prueba de ensayo, pero al verificar con el área técnica se dieron cuenta que no era suficiente para prevenir el robo. Sin embargo, tomaron otras medidas para mitigar el problema: “vamos a implementar unos sistemas de seguridad de unos antiescalantes con una medida de 50 centímetros de largo y van a tener 11 púas para que impidan el paso de ladrones”, puntualizó Neira.
Pensar en el plan de acción en mención ocasiona gastos adicionales. “Quién se iba a imaginar que en tan poco tiempo iba a ser tan alto el nivel de pérdida (las bombillas) frente al hurto por parte de agentes externos. Debemos pensar en cómo proteger la infraestructura en la que se van a ubicar las iluminarias”, concluyó el asesor jurídico del municipio.
Lo que dice Codensa
Codensa ha reclamado por años que la postería le pertenece. Sin embargo, el municipio también reclama. “En ese tema Codensa no tiene la claridad, no tiene los soportes que justifiquen cuál es su infraestructura, entonces está ese vacío y lo más sano que puede hacer el municipio es abstenerse de contratar nuevamente”, afirma Luis Antonio Castro, secretario de Hacienda.
Por ahora, la empresa prestadora del servicio de energía sigue emitiendo facturas al municipio por 650 millones de pesos por concepto de suministro de energía sencilla, arrendamiento, recaudo y facturación.
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