Una mujer capturada en flagrancia el 17 de septiembre, señalada por dos testigos presenciales de haber iniciado el incendio que consumió cobertura vegetal en varios predios de la vereda El Roble, en Villa de Leyva (Boyacá), quedó en libertad horas después por decisión de la Fiscalía. No fue imputada ni presentada ante un juez de control de garantías.
En la orden de libertad, el fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata reconoce que «se evidencia que existe y se configura la situación de flagrancia», pero concluye que el delito de incendio, tipificado en el artículo 350 del Código Penal, «contempla una pena mínima no superior a cuatro (4) años, por lo cual sería un delito que no comporta medida de aseguramiento». La mujer salió bajo compromiso de comparecencia.
Los afectados cuestionan la decisión por dos razones. La primera es que la denuncia se instauró por tres delitos —incendio agravado (art. 350), deforestación (art. 330) y daños en los recursos naturales y ecocidio (art. 333)— y que la orden solo valoró el incendio en su modalidad simple. Los artículos 330 y 333, incorporados al Código Penal por la Ley 2111 de 2021, contemplan penas mínimas de sesenta meses de prisión, por encima del umbral de cuatro años que el fiscal invocó.
La segunda es procesal: sostienen que ninguno de esos delitos es querellable bajo la Ley 1826 de 2016, por lo que no procedía el traslado de escrito de acusación del procedimiento abreviado —argumento que usa la orden de libertad—, sino el trámite ordinario, que exige formulación de imputación ante un juez.
Lo que registró la Policía
Según el Formato Único de Noticia Criminal, el incendio se produjo el 17 de septiembre a la 1:25 de la tarde en el sector Salitre de la vereda El Roble. La Policía Nacional remitió el caso a la Fiscalía ese mismo día a las 5:53 de la tarde bajo la calificación de «INCENDIO ART. 350 C.P.», en trámite de actos urgentes.
El relato del testigo
En su denuncia bajo juramento, un habitante del sector declaró que transitaba a pie por la carretera veredal cuando, al tomar una curva, «vi que la señora (…) estaba haciendo una fogata (…) tenía unas cañas secas en un montón en piso, como sobre una piedra, ya tenía el fuego prendido». Afirmó que la vio arrojar dos bolsas a las llamas y que siguió su camino.
«No había caminado 50 metros y paso una ráfaga de viento y me acordé de la llama y volteé a mirar y la llama ya había avanzado como dos metros», declaró. Sostuvo que tomó una fotografía a la 1:02 de la tarde y que el fuego se propagó con rapidez: «En menos de media hora ya la llama se había extendido».
El denunciante relató que alertó a bomberos, Policía y familiares, y que al llegar la patrulla condujo a los uniformados hasta el lugar: «Yo les dije que yo vi a la señora que estaba haciendo el incendio, y los llevé donde estaba». Según esa misma declaración, ante los policías la mujer habría explicado «que era pequeñito, que no pensaba que iba a ocurrir ese incendio».
Sobre los daños en su propiedad afirmó: «Mi finca fue afectada en un 95%, quemada», y estimó la recuperación en cien millones de pesos, entre mano de obra, cercados y lucro cesante por pastos. Fuentes cercanas al proceso señalan que existe un segundo testigo presencial cuya declaración también reposa en el expediente.
Un peritaje contratado por los afectados
Como la Fiscalía no dispone actualmente de perito en ingeniería ambiental en la zona, los propietarios contrataron por su cuenta a un ingeniero para levantar un primer diagnóstico. El informe técnico preliminar, fechado el 18 de septiembre, describe «superficies ennegrecidas, consumo de pastos, residuos vegetales carbonizados y sectores con humo residual» y concluye que «se evidencia un daño grave a la cobertura vegetal que debe ser cuantificado».
El propio documento delimita su alcance. En el capítulo de limitaciones advierte que no se dispone del polígono georreferenciado ni de la superficie total quemada, que no se cuantificó el número de árboles ni arbustos afectados y que «la evidencia visual disponible no permite atribuir la causa, origen o responsabilidad del incendio». El peritaje acredita el daño; la autoría se sustenta en los testigos y en el material fotográfico y videográfico aportado al proceso.
Los argumentos del fiscal
Además del umbral de pena, la orden de libertad sostiene que faltaban elementos y que era necesario «ampliar las versiones dadas por los testigos presenciales, las posibles víctimas, y demás personas» para establecer «si se trató de un comportamiento doloso o culposo». El documento recoge también una hipótesis favorable a la indiciada: que «pretendió prender una hoguera con una basura que recoge y por acción del viento se propagó un incendio de gran magnitud».
Un eventual debate sobre el delito de deforestación tendría un punto de discusión técnico: el tipo penal exige la afectación de un área igual o superior a una hectárea de bosque natural, y el informe preliminar describe principalmente pastos y cobertura herbácea con vegetación arbustiva y arbórea dispersa. Sin cuantificación oficial, el punto queda abierto.
El contexto de la emergencia
El caso se conoce mientras Villa de Leyva enfrenta, desde el sábado 19 de septiembre, un incendio forestal en el cerro San Marcos que llevó a la Alcaldía a pedir agua y tapabocas a la ciudadanía y movilizó cuerpos de bomberos de Tunja, Tinjacá y Sáchica.
El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, informó que solicitó a la UNGRD el apoyo de un helicóptero ante la dificultad que representan los fuertes vientos y la altura de los árboles. El ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, citando el reporte de la Dirección Nacional de Bomberos, señaló que era «el de mayor magnitud en el país» ese día.
Al corte del 19 de septiembre, la UNGRD reportaba 18 incendios forestales activos en el país y nueve controlados, con Tolima concentrando ocho de las emergencias.
