Como resultado de la intervención del Instituto de Protección y Bienestar Animal de Cundinamarca (Ipybac), y el Programa de Bienestar Animal de la Alcaldía de Funza, en colaboración con la Policía Nacional, la Inspección Segunda, y Personería del municipio, en el mes de mayo, Nidia Ávila, Inspectora Segunda del Funza, emitió falló sobre un proceso legal por maltrato animal llevado contra un criadero canino del municipio, aplicando la sanción económica más significativa desde la promulgación de la Ley 1774 de 2016.
“Después de haber reunido todo el material probatorio suficiente para dar inicio al proceso policivo se efectuó el decomiso definitivo de más de 130 caninos y una multa que supera los $900 millones. Adicionalmente, se compulsaron copias a la Fiscalía General de la Nación para que continúe el proceso penal”, aseguró Margarita Ramírez, gerente del IPYBAC.
El criadero canino objeto de la intervención fue sometido a un exhaustivo proceso legal que duró un año, y en el que se recopilaron pruebas y testimonios que respaldaron las acusaciones. “Entre las evidencias presentadas se encuentran los laboratorios que se realizaron a los animales para evaluar sus condiciones de salud, testimonios de los médicos veterinarios del Ipybac y de la clínica particular donde se atendieron varios de los animales que estaban para hospitalización, transfusiones y cirugías, además de las declaraciones de los infractores. Fue un trabajo muy completo que nos permitió obtener un resultado positivo”, explicó Laura Casallas, coordinadora del Programa de Bienestar Animal de Funza.
La sanción se originó a partir de las acciones institucionales emprendidas el 5 de abril de 2022, cuando se llevó a cabo una visita de verificación de las condiciones de bienestar en el criadero. Durante esta visita, se encontró un total de 151 caninos y 2 porcinos ‘mini pigs’, que mostraban signos evidentes de maltrato y mala tenencia.
La Gobernación de Cundinamarca hace un llamado a todas las personas, establecimientos y empresas que trabajan con animales a garantizar de manera prioritaria la protección y el bienestar de estos seres en el departamento, reafirmando su compromiso de seguir trabajando en pro del bienestar y la protección de los animales, promoviendo una convivencia responsable y respetuosa entre humanos y demás seres vivos.
Un hito legal en Colombia
Como resultado del dictamen médico desfavorable, la Policía Nacional procedió a la aprehensión material preventiva de 38 caninos. Al mismo tiempo, se inició el proceso legal correspondiente, que establecía la implementación y cumplimiento obligatorio de un plan de mejoramiento asignado por el gobierno local.
Lamentablemente, los dueños del criadero no cumplieron con el plan de mejoramiento asignado, poniendo en riesgo la vida de los animales. Por esta razón, las autoridades competentes impusieron multas de $554.266.667, $407.266.667 y $7.000.000 a los dos dueños del criadero y al propietario de uno de los caninos aprehendidos, respectivamente. Además, se ordenó el decomiso definitivo de todos los animales afectados y se remitieron copias del caso a la Fiscalía General de la Nación debido al menoscabo grave de la salud física y/o mental de 7 caninos.