Ante la queja de cientos de usuarios, quienes denunciaron el aumento en el precio de las tarifas de luz y gas natural, los alcaldes de ocho municipios de Cundinamarca firmaron una petición conjunta a la Comisión Reguladora de Energía y Gas (CREG), para que se reformulara el cobro de estos servicios.
Sin embargo, la respuesta de Vanti, empresa encargada del suministro de gas natural a Cundinamarca, fue, a través de una carta, aconsejar a los municipios que asumieran el 100 por ciento del pago de esas facturas, con una “(Invitación/propuesta) para asumir total o parcialmente el pago del servicio público de gas natural por parte de su entidad territorial”, enviando incluso, un modelo de convenio para que dicha acción tenga un trámite más rápido.
La respuesta del alcalde de Funza, Daniel Bernal, no se hizo esperar, tachando la misiva como “irrespetuosa” con los usuarios y con los alcaldes. “Mi invitación para Vanti y Enel Codensa es a que asuman el papel histórico de responsabilidad que les corresponde en esta pandemia, que dejen de ser avaros en este momento donde todos debemos mostrar nuestro lado más humano; que dejen de buscar un beneficio económico para ellos, diciéndole al municipio que pague. Les digo desde ya que no acepto esa propuesta que han hecho”.
“Con esta carta pretenden lavarse las manos… Les digo desde ya que no acepto esa propuesta que han hecho”: respondió airado Daniel Bernal, alcalde de Funza.
Bernal, quien ya ha invertido $2.500 millones de recursos propios de la Administración, para asumir el pago del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo del municipio durante dos meses, asegura que lo que ha querido Vanti con la respuesta es “lavarse las manos”, dejando la responsabilidad a cargo de los alcaldes.
Según explicó el alcalde, el alivio ofrecido por la compañía Vanti es irrisorio y cero solidario. Para el caso de Funza, por ejemplo, donde el promedio de pago de los usuarios es de $19.000 pesos, el auxilio económico, que ya ha sido establecido para quienes paguen a tiempo, será de un 10%, es decir, tan solo de $1.900 pesos, como responsabilidad social ante la emergencia que ha generado la pandemia del COVID-19, en las familias más vulnerables del país.
