La Procuraduría provincial de Chiquinquirá abrió indagación preliminar a la alcaldesa de Susa, Ximena Ballesteros, por posible contratación irregular y tráfico de influencias en la celebración de un contrato entre este municipio y la empresa Vagamma Inversiones S.A.S., por valor de $56 millones para la adquisición de mercados para atender la emergencia sanitaria por causa del covid-19.
Dicho contrato tenia como objeto la compra de 500 kits “nutricionales, de aseo y limpieza para la atención de población vulnerable (adulto mayor, personas con discapacidad, niños, etc) del municipio de Susa”. Este fue publicado en el Secop y celebrado por contratación directa en el marco de la urgencia manifiesta y declaratoria de calamidad pública, según el Decreto 37 del 24 de marzo de 2020.
De acuerdo al contrato, cada mercado tiene un costo de $112.012 y está compuesto por 24 productos entre los que se encuentran elementos de aseo y alimentos. Luego de la firma de dicho convenio (30 de marzo), los habitantes de Susa hicieron varios llamados de atención a través de redes sociales y a los órganos de control con el fin de exponer los supuestos sobrecostos en productos como el arroz, el aceite, el atún, la gelatina, entre otros. Además, algunos comentarios apuntaban a que, en comparación con el valor de esos mismos productos, «hubiese sido más rentable comprarlos en supermercados dentro del municipio.
Lo que causó más curiosidad para varios ciudadanos como Eduardo Rueda, habitante del municipio, es que aparte de los supuestos sobrecostos (que desataron polémica), el 1 de abril se realizó una modificación del contrato inicialmente firmado y se se cambiaron las cantidades unitarias de algunos productos.
Por ejemplo, en el contrato inicial el aceite frasco por 900 ML la cantidad unitaria era uno y el valor unitario $12.069; con la modificación, pasaron a ser dos frascos con un valor unitario de $6.035 y un total de $12.069, es decir que por el mismo precio del primer contrato, ahora recibirían dos frascos de aceite. Lo mismo pasa con la pasta de seco, gelatina en caja, papel higiénico, entre otros ítems que fueron modificados frente al acuerdo inicial.
La empresa contratista es Vagamma Inversiones S.A.S., inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá y domiciliada en la misma ciudad. Según el RUES tiene como actividades económicas el “Comercio al por mayor no especializado, comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata, alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p. y comercio al por mayor de prendas de vestir”. Y que luego de los comentarios y quejas, el 4 de abril emitió un comunicado de prensa en el que calificó de “temerarias” las declaraciones de algunos ciudadanos a cerca del contrato y aclaró, además, que iniciaría “acciones legales contundentes por el daño al buen nombre y el uso indebido de las redes sociales” amparados en el Código Penal y sosteniendo que dichas declaraciones no fueron hechas por un veedor ciudadano, ni por una autoridad judicial competente y causan “desinformación y terror en la población de Susa”.
La Villa intentó comunicarse en varios ocasiones con Ximena Ballesteros, alcaldesa de Susa, para conocer su opinión frente a esta indagación. Asimismo, se le envió la inquietud a sus números de contacto vía Whatsapp y estamos a la espera de una pronta respuesta.
El alcance de esta medida
Carlo Sarmiento, abogado y periodista de La Universidad de la Sabana, sostiene que “la Procuraduría General de la Nación es la titular de la acción, es decir, tiene la facultad de destituir e inhabilitar a los funcionarios públicos que en ejercicio de sus funciones incurran en algunas de las faltas contempladas en la Ley 1952 de 2019 que derogó la ley 734 de 2002”, y eso es lo que el proceso en el ministerio público busca establecer.
Por su parte, el abogado Fernando Moya asegura que la indagación no es otra cosa que “una pesquisa por una queja que impuso la ciudadanía a ese contrato y surtirá todo el proceso para saber si hubo o no irregularidades”, concluye.
Juan Diego López
REDACCIÓN LA VILLA