Entró en vigencia la Ley de Garantías, norma que prohíbe la contratación pública durante los próximos cuatro meses, hasta que se celebren los comicios del 27 de octubre.
Desde el pasado jueves, 27 de junio, entró en vigencia la ley de garantías electorales, que prohíbe la contratación estatal durante cuatro meses debido a los comicios regionales que se llevarán a cabo en octubre.
Desde ese día quedaron congeladas las nóminas en las entidades territoriales (municipios y departamentos) y no se podrán celebrar convenios interadministrativos. El objetivo es garantizar la transparencia en las elecciones en las cuales se elegirán alcaldes, gobernadores, concejales y diputados.
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— MOE (@moecolombia) June 28, 2019
De hacer caso omiso a la misma, los convenios laborales serían declarados nulos y los funcionarios que tendrían sanciones disciplinarias serían alcaldes, gobernadores, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas.
La norma fue aprobada en 2005, con la intención de que los recursos del país no fueran usados para beneficiar la reelección del expresidente y ahora senador Álvaro Uribe Vélez. En ese sentido, luego de que en 2015 se eliminara el recurso de la reelección presidencial, varios sectores políticos han manifestado que la ley es obsoleta y paraliza el desarrollo de obras del país. De igual forma, las regiones han expresado que la ley las perjudica, dado que un flujo importante de recursos no podrían llegar a sus municipios y departamentos por el impedimento de celebrar contratos interadministrativos.
Las entidades territoritoriales no podrán firmar convenios interadministrativos, quedando congelada la nómina durante este lapso de tiempo.
Aunque el Gobierno Nacional presentó hace algunos meses un proyecto con mensaje de urgencia para eliminar la ley de garantías, la iniciativa se hundió porque no alcanzó a ser aprobada en su último debate en la plenaria de la Cámara de Representantes.
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