Este miércoles las universidades públicas en todo el país salieron a marchar para exigir garantías, calidad y actualización para la educación superior, en medio de una nueva crisis financiera que afecta al sector.
Decenas de estudiantes de la Universidad de Cundinamarca seccional Ubaté, exalumnos, docentes, así como estudiantes de colegios públicos y profesionales de diferentes universidades se unieron a este clamor nacional que hoy congrega a millones alumnos en todas las plazas públicas del país.
La decisión del Gobierno Nacional de reestructurar el programa educativo ‘Ser pilo paga’ puso nuevamente sobre la mesa el tema de la desfinanciación que existe, y que no es nueva, en el sector de la educación pública superior, la cual se ha convertido en un dolor de cabeza para las universidades, que calculan su déficit en más de $18 billones: $3,2 billones para el funcionamiento y $15 billones en infraestructura.
Ubaté se suma a Marcha Nacional en defensa de la educación pública nacional: https://t.co/5Eu5kuG0Gk #LaEsperanzaEsLaEducación #MarchaPorLaEducacion #MarchaUniversitarios #UniversidadPública pic.twitter.com/1VtOgp5YZa
— La Villa (@lavillanoticias) October 10, 2018
La primera institución en alzar la mano y pedir un S.O.S. para este fenómeno fue la Universidad Nacional de Colombia, liderada por su rectora Dolly Montoya, quien hizo público que el plantel tenía un ‘hueco’ de 60.000 millones de pesos manifestados en la nómina administrativa y el cual debería ser resuelto antes de finalizar el año.
Montoya también evidenció que el principal ‘karma’ de las universidades públicas es la ley 30 de 1992, la cual dictó los principios actuales de la educación superior pública en Colombia. Sin embargo, los años han pasado y la formación universitaria cada vez se expande más, situación que no fue prevista en la ley pero que sí ha generado una brecha financiera, que las instituciones públicas aseguran no poder soportar a pesar de que en el Presupuesto General de la Nación para el 2018 se les destinaron $3,6 billones, cerca del 10% de los recursos del sector ($35,4 billones).
Para la rectora de la universidad Nacional, la ley “fue válida en su momento” porque planteó que el presupuesto de las universidades públicas iba a crecer al menos 1 punto por encima del IPC, algo que según ella “fue extraordinario para los años noventa”, pero con “un error enorme” y es que no fijó un ‘techo’.
26 años han pasado desde ese momento y la tasa de crecimiento de las universidades en cobertura, programas, investigación y costos ha sido mayor al indicador, lo que se refleja en atrasos de nómina e infraestructura, argumenta la rectora de la Nacional.
“La crisis que estamos viviendo no es de ahora y lo que pasa es que todo este tiempo se ha querido ocultar, meter la mugre bajo el tapete, cuando la educación pública construye sociedad”, sostuvo Montoya, quien junto con las demás universidades estatales del país se han puesto en la tarea de pedir al Gobierno Nacional modificar el sistema de financiación de la educación pública superior a través de una política de Estado que permita un sostenimiento integral.
Crisis nacional
Tras el pronunciamiento de Montoya, un efecto dominó se presentó en las demás universidades públicas del país, que una a una, empezaron a alzar su voz para evidenciar panoramas similares al de la Nacional. Una de ellas, pero con un déficit más alto, es la universidad de Antioquia, que hasta el día de hoy tiene un ‘hueco’ presupuestal de $68.700 millones, con menos de tres meses por delante para solventarlo.
La situación ha llevado a que las instituciones de educación superior salgan a marchar, una vez más, este miércoles incluso dando como resultado que algunos docentes entren, a partir del 16 de octubre, en huelga de hambre.
En una carta dirigida al Gobierno Nacional, los docentes de cuatro instituciones de educación superior exponen que ha “brillado un extremo mutismo” en la entrega de respuestas a las peticiones presentadas por estudiantes y profesores sobre la crisis.
“Ni una sola frase, ni un solo vocablo con luz o esperanza, ni una sola palabra que permita vislumbrar que al menos se ocupan del asunto o que están dispuestos a construir un diálogo que permita concertar una política de financiación, que resuelva en conjunto la grave situación por la que atraviesa el sector público de la Educación Superior”, escribieron en el documento Adolfo León Atehortúa, exrector de la Universidad Pedagógica; Juan Carlos Reyes Ocampo, de la Universidad de Caldas; Luis Fernando Marín Ríos, de la Universidad del Quindío; y Luis Orlando Aguirre Rodríguez, profesor de la Universidad Industrial de Santander.
Ante el panorama de la crisis, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) anunció que se unirá a las marchas debido a que, según ellos, “los afecta de forma directa la situación”.
“En este momento nosotros en las universidades de Colombia tenemos 15.000 estudiantes indígenas que se están formando y profesionalizando, precisamente para apoyar los procesos de nuestras comunidades y avanzar en mejorar el bienestar social con nuestros pueblos. Esta crisis que se ha desatado en el país nos afecta de manera directa a los indígenas, desde luego porque es una discusión de país”, manifestó Cesar Pullman, consejero mayor de la ONIC.
La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), por su parte, anunció que se unirá a las marchas de universidades públicas. El gremio de maestros asegura que la crisis por los recortes y el déficit presupuestal de la educación pública amenaza con tocar fondo.
“La educación superior pública en Colombia está al borde del colapso. Esa es la principal razón de las movilizaciones de estudiantes y profesores. Fecode apoya esta jornada de protestas porque su principal objetivo es la defensa de la educación pública integral con calidad, desde los tres grados de preescolar hasta la universidad”, argumentaron.
¿Qué dice el Gobierno?
En respuesta a la crisis, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, aseguró que para el Gobierno Nacional es prioridad la educación pública y resaltó que para el año 2019 el presupuesto general de la nación, destinado a este sector, pasará de 37 billones a 41 billones de pesos.
«En su compromiso con la educación, el presidente Duque ha decidido incrementar en un 15% más el presupuesto educativo para que así se dé respuesta a necesidades acumuladas históricamente», dijo Angulo.
Frente a los $15 billones de inversión que reclaman los docentes y rectores, Angulo sostuvo que hay varios estimativos, sin embargo, manifestó que hay unos recursos y el Gobierno tiene previstas otras inversiones en temas de infraestructura.
“Los 15 billones es el déficit que resume el devenir anterior. Es decir, esto suma inversiones que han debido hacerse con antelación, pero también suman la proyección de todo lo que necesitaría la educación superior pública a futuro en cuestiones de infraestructura, mantenimiento y formación docente al día”, manifestó la ministra de Educación, quien además puntualizó que con el grupo de rectores, vicerrectores y jefes financieros y administrativos de las universidades han tenido conversaciones en las que se busca hacer una política pública para los próximos años que sea gradual, coherente y consistente.
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