La Alcaldía de Zipaquirá requirió formalmente a las empresas de servicios públicos y telecomunicaciones que operan en el municipio para que retiren, identifiquen y organicen el cableado aéreo que se encuentra en desuso o que representa riesgos en el espacio público.
El requerimiento fue dirigido a empresas como Enel Colombia, Claro, Movistar, Tigo, ETB y DirecTV, a las que la administración municipal dio un plazo improrrogable de 15 días para responder de fondo, informar las medidas que adoptarán, designar responsables y establecer cronogramas de ejecución.
De acuerdo con la Alcaldía, en diferentes sectores de Zipaquirá se han identificado cables caídos o instalados a baja altura, redes sin identificación, rollos de cable abandonados en postes y una acumulación de infraestructura que afecta el espacio público.
“Zipaquirá necesita conectividad, pero también necesita seguridad, orden urbano y respeto por nuestro espacio público. No podemos normalizar cables abandonados, redes sin identificar o elementos que representen riesgos para nuestros ciudadanos”, afirmó el alcalde Fabián Mauricio Rojas García.
Retiro de cables y atención de puntos críticos
Entre las exigencias planteadas por la administración se encuentra el retiro de cables en desuso, abandonados o instalados de manera peligrosa, así como la identificación visible de las redes para determinar qué empresa es responsable de cada elemento.
La Alcaldía también pidió priorizar los puntos que actualmente presentan mayores riesgos y establecer un plan de intervención por sectores.
Otro de los componentes del requerimiento es avanzar progresivamente en la reorganización y subterranización de las redes, especialmente en el centro histórico de Zipaquirá y su zona de influencia, debido a las características patrimoniales y turísticas de este sector.
Alcaldía advierte que podría acudir a la justicia
La administración municipal señaló que el requerimiento constituye la reclamación previa necesaria para avanzar hacia acciones judiciales en caso de que las empresas no atiendan las solicitudes.
Si las respuestas son consideradas evasivas, presentan informes generales o no cumplen los plazos y compromisos establecidos, la Alcaldía anunció que podría acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo mediante una acción popular.
Con esta acción, el municipio buscaría la protección de derechos e intereses colectivos relacionados con el espacio público, la seguridad y salubridad públicas, la prevención de riesgos y el desarrollo urbano ordenado.
“No queremos simplemente quitar unos cables y que en unos meses volvamos a tener el mismo problema. Queremos establecer una solución de largo plazo para ordenar las redes de Zipaquirá y avanzar hacia una ciudad más segura y organizada”, señaló Rojas.
La respuesta de las empresas deberá definir las acciones que asumirán frente al cableado y los tiempos previstos para su ejecución.
