La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) intensificó las acciones de control contra la minería ilegal en los municipios de Cucunubá, Lenguazaque y Sutatausa, donde impuso más de 17 medidas preventivas e inició procesos administrativos sancionatorios ambientales tras evidenciar graves afectaciones al suelo, al agua y a la flora, así como el incumplimiento reiterado de la normatividad ambiental vigente.
De acuerdo con la autoridad ambiental, durante los operativos fueron encontradas explotaciones mineras activas que operaban sin título minero ni licencia ambiental. Además, se evidenció que algunas continuaban funcionando a pesar de tener medidas de suspensión impuestas anteriormente por autoridades municipales y nacionales.
Uno de los casos más relevantes se registró en el municipio de Cucunubá, especialmente en las veredas Pueblo Viejo y La Ramada, donde las inspecciones permitieron identificar minas de carbón en plena operación, algunas con antecedentes de suspensión y clausura debido a accidentes mineros fatales y daños ambientales.
Durante las visitas técnicas, funcionarios de la CAR encontraron infraestructura minera completamente operativa, entre ella bocaminas, compresores industriales, subestaciones eléctricas, patios de acopio, sistemas de descargue, talleres y zonas de almacenamiento de carbón y material estéril. En varios puntos también fueron halladas toneladas de carbón listas para su comercialización, con producciones estimadas de hasta 900 toneladas mensuales.
Los equipos técnicos documentaron múltiples afectaciones ambientales ocasionadas por estas actividades ilegales, entre ellas el vertimiento incontrolado de residuos de carbón sobre el suelo, el sepultamiento de cobertura vegetal, potreros y bosque nativo, el arrastre de sedimentos hacia quebradas y fuentes hídricas por la ausencia de obras para el manejo de aguas lluvias, la descarga directa de aguas residuales mineras sin tratamiento, la contaminación del suelo por hidrocarburos y combustibles, la intervención de rondas hídricas y zonas de protección ambiental, así como alteraciones del terreno que incrementan el riesgo de deslizamientos.
La Corporación también informó que en varios casos se constató el retiro ilegal de los sellos de suspensión y la continuidad de las labores mineras pese a existir medidas preventivas vigentes desde años anteriores. Incluso, durante algunos operativos, trabajadores habrían intentado suministrar información falsa a los funcionarios para ocultar las actividades que se desarrollaban en los predios inspeccionados.
Explotaciones dentro de un área protegida
En el municipio de Lenguazaque, uno de los hallazgos de mayor preocupación se registró en la vereda Gachaneca, donde la actividad minera ilegal se desarrollaba dentro del área protegida del Páramo de Rabanal y Río Bogotá, ecosistema estratégico protegido por la Ley 1930 de 2018.
Según la CAR, allí se evidenció extracción y procesamiento de carbón sin los permisos ambientales correspondientes ni título minero, además de vertimientos de aguas de mina directamente sobre el suelo.
Asimismo, en la vereda Espinal Carrizal fueron encontradas seis bocaminas en operación que realizaban vertimientos directos de aguas residuales mineras, disposición inadecuada de estériles y almacenamiento de carbón a cielo abierto sin medidas de manejo ambiental.
Inspección tras emergencia minera en Sutatausa
En Sutatausa, la autoridad ambiental adelantó una inspección en la vereda Peñas de Boquerón luego de la emergencia minera que recientemente cobró la vida de un trabajador.
Durante la visita fue encontrada una explotación ilegal de carbón en la que laboraban aproximadamente 15 trabajadores y donde había cerca de 30 toneladas de mineral listas para ser transportadas. Los funcionarios también evidenciaron descargas directas de aguas residuales mineras y graves riesgos de inestabilidad del terreno ocasionados por la infiltración de aguas contaminadas en botaderos de estériles.
«Estas actividades ilegales generan impactos acumulativos sobre los ecosistemas, afectan la calidad y disponibilidad del recurso hídrico, deterioran los suelos y ponen en riesgo la seguridad de las comunidades y de los trabajadores mineros», afirmó Julio César Sierra León, director de la CAR Ubaté.
Como resultado de los hallazgos, la Corporación impuso medidas preventivas de suspensión inmediata de actividades, instaló sellos de cierre e inició procesos administrativos sancionatorios ambientales contra los presuntos responsables.
Finalmente, la CAR anunció que continuará realizando operativos de seguimiento y control en articulación con las alcaldías municipales, la Agencia Nacional de Minería y demás entidades competentes, con el propósito de combatir la minería ilegal y proteger los recursos naturales y los ecosistemas estratégicos de la provincia de Ubaté.
