«Un nuevo operativo permitió descubrir en flagrancia una explotación ilegal de carbón mineral en zona rural de Ráquira, en medio de una intervención liderada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) con apoyo de la Fuerza Pública». Así lo reporto la Autoridad Ambiental, tras la acción que se desarrolló en la vereda Firita Peña Arriba, en articulación con el Batallón de Infantería Sucre, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional de Colombia.
Al llegar al predio, «las autoridades encontraron una actividad de explotación y extracción subterránea de carbón mineral de manera mecanizada, desarrollada por tres personas». Dos de ellas se encontraban al interior del socavón y salieron minutos después, confirmando así la flagrancia de la actividad minera ilegal.
Usando tecnología especializada, los funcionarios pudieron verificar que la ubicación de la bocamina no estaba incluida dentro del Plan de Trabajo y Obras (PTO) ni dentro del Plan de Manejo Ambiental (PMA) aprobados por las autoridades competentes, por lo que la operación era considerada ilegal.
De acuerdo con la CAR, durante la inspección también se evidenciaron «graves afectaciones ambientales». Según el reporte técnico, hubo pérdida de la capa orgánica del suelo en un área aproximada de 0,23 hectáreas, debido a la construcción de la bocamina y de espacios complementarios como una caseta para el malacate, una torre de descargue, patio de maniobras y una escombrera.
Asimismo, las autoridades documentaron daños a la flora de la zona por la destrucción de cobertura vegetal, donde anteriormente habría especies como tuno esmeraldo, uva camarona, chilca, hayuelo, cucharo, frailejones y angelitos, entre otras.
También se registró una afectación al paisaje por la alteración visual y morfológica del terreno frente a las áreas naturales circundantes.
“En la CAR Cundinamarca no vamos a permitir la minería ilegal en nuestro territorio, pues sus efectos sobre los recursos suelo, agua, flora y paisaje no son un daño menor, son una grave afectación a los ecosistemas y a la vida de las comunidades”, afirmó Alfred Ignacio Ballesteros.
El director agregó que se ordenó la suspensión inmediata de la actividad y se logró la captura de varios responsables, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía.
“Por todo esto ordenamos la suspensión inmediata de la actividad y se logró la captura de varios responsables que ya están en manos de la Fiscalía General de la Nación porque aquí hay una línea clara: quien destruye el medio ambiente, responde”, puntualizó Ballesteros.
Sin embargo, tras conocerse el operativo, también surgieron reacciones de inconformidad entre algunos sectores vinculados a la minería, quienes cuestionaron que las capturas recaigan sobre los trabajadores y no sobre los propietarios o responsables directos de las explotaciones.
“Capturan a los trabajadores que no tienen conocimiento si la mina está en regla. Que cierren y capturen a los responsables de la explotación, es decir al dueño de la mina, pero a los mineros que van a trabajar honradamente, qué vergüenza”, expresó una de las opiniones conocidas tras el caso.
Otra persona señaló: “No me parece. La gente vive de su trabajo y en Semana Santa sacan pecho. Ojalá se les acabe esto y den legalización a la minería tradicional. Ya no más atropellos; nadie sabe lo difícil que es ser minero”.
Estas opiniones reabren el debate sobre la formalización de la minería tradicional y las condiciones laborales de quienes dependen de esta actividad en diferentes regiones del país.