La cuenca alta del río Bogotá y el valle de Ubaté se mantienen como las zonas con mayor afectación ambiental en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), principalmente por actividades como minería ilegal, quemas para producción de carbón vegetal, vertimientos no tratados y disposición inadecuada de escombros.
Durante el primer semestre de 2025, la Unidad Integrada de Gobernabilidad Ambiental (UIGA) de la CAR, en coordinación con el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) y la Policía Nacional, ejecutó 44 operativos de alto impacto, una cifra récord que refleja el fortalecimiento del control ambiental en Cundinamarca y Boyacá.
Con corte al 30 de junio, estas acciones permitieron detener prácticas que venían deteriorando los recursos naturales en varias zonas rurales y urbanas. Según el balance de la CAR, el 61 % de los operativos se dirigieron a casos que comprometían el recurso suelo, el 18 % a afectaciones sobre fuentes hídricas, el 15 % al aire, y el 4,5 % a daños contra la fauna silvestre.
“Estamos marcando un antes y un después en nuestras acciones de control y vigilancia, gracias al trabajo conjunto con la fuerza pública, que respalda la logística, planificación y judicialización de los responsables sorprendidos en flagrancia”, señaló el director de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros.
La UIGA, creada en 2012, opera bajo un modelo de acción-reacción que involucra a profesionales de distintas disciplinas —como derecho, ingeniería forestal, ambiental y minera, biología y geología— para verificar en terreno la magnitud del daño ambiental y activar las medidas preventivas y sancionatorias correspondientes, conforme a la Ley 2387 de 2024, que modificó la Ley 1333 de 2009.
En 2024, la CAR adelantó 70 operativos de este tipo, lo que, según su director, refleja la continuidad de una estrategia “que exige una planeación minuciosa y reservada”, y que ha permitido frenar distintas prácticas ilícitas relacionadas con la ocupación de áreas estratégicas, la extracción antitécnica de recursos naturales y la disposición irregular de residuos.
Buena parte de estos procedimientos se originan en denuncias ciudadanas que llegan a través de los canales de atención de las 14 direcciones regionales de la Corporación. Estas quejas son evaluadas por la UIGA para priorizar aquellas con mayor impacto ambiental o realizadas de forma clandestina.
“Los ojos de la comunidad constituyen la primera línea de acción. Son las personas quienes, conscientes de los efectos sobre su entorno y su salud, alertan a la CAR para que se tomen decisiones oportunas”, agregó Ballesteros.
La entidad recordó que las denuncias pueden presentarse de forma presencial, telefónica o virtual, tanto en su sede central en Bogotá como en las 14 direcciones regionales.
