La tranquilidad de varias familias vecinas al comando de Policía del municipio de Ubaté se ha visto alterada por una situación que, de acuerdo con la denuncia, se repite con alarmante frecuencia: la fuga de personas privadas de la libertad desde las instalaciones policiales y de la Fiscalía Seccional.
Durante los últimos dos años, se han reportado al menos siete episodios de evasión de detenidos, sin que, hasta ahora, las autoridades hayan adoptado medidas efectivas para contener este riesgo.
El caso más reciente ocurrió el pasado sábado 10 de mayo hacia la 1:15 p.m., cuando un detenido logró escapar del comando de Policía. Fotografías entregadas por la comunidad a LA VILLA muestran al hombre, aún con una esposa en una mano, desplazándose por los techos de las viviendas colindantes y descendiendo por un poste ubicado justo al pie de una de las casas afectadas.
La preocupación entre los residentes no es nueva. De hecho, ya en agosto de 2023 se había radicado una queja formal ante la Inspección de Policía No. 2, en la que se denunció una fuga similar. En aquella ocasión, dos detenidos escaparon en horas de la noche y uno de ellos ingresó por la fuerza a una vivienda, causando daños materiales y generando pánico entre sus ocupantes. Según la denuncia, el hombre aseguró estar huyendo porque lo iban a matar y luego se retiró del lugar.
Pese a este antecedente y a la solicitud explícita de reforzar la seguridad perimetral con cercas, alambres de púas o sistemas electrificados, la situación persiste. “Los muros del comando no cuentan con ninguna protección. Los fugados utilizan los techos de nuestras casas como ruta de escape, e incluso han ingresado a nuestras viviendas”, denunció uno de los afectados, quien pidió mantener su identidad en reserva por razones de seguridad.
Los vecinos señalan negligencia institucional al no haber adoptado correctivos pese a las reiteradas alertas. La comunidad exige a las autoridades:
- Investigar a fondo lo ocurrido el pasado 10 de mayo y corregir las falencias del sistema de custodia.
- Implementar medidas físicas de seguridad que impidan nuevas fugas.
- Dar seguimiento a las quejas previamente radicadas y asumir las responsabilidades por no haberlas atendido de manera oportuna.
Esta problemática, aseguran los afectados, no solo representa un fallo en la seguridad institucional, sino que también pone en riesgo la integridad de familias enteras. “Es urgente que se actúe antes de que esta situación desemboque en una tragedia”, concluyen.
