En una operación conjunta entre la Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional, fue desmantelada una banda delincuencial en la vereda Sasa, del municipio de Chiquinquirá (Boyacá), que se dedicaba al sacrificio clandestino de reses, caballos y asnos. La carne obtenida era distribuida a diversos municipios de Boyacá y Cundinamarca, llegando incluso a proveedores del Plan de Alimentación Escolar (PAE), centros penitenciarios y plazas de mercado.
De acuerdo con el informe de las autoridades, los delincuentes sacrificaban animales enfermos o en condiciones insalubres, sin cumplir con los estándares legales ni las normas de salubridad. La operación dejó como resultado la captura de ocho presuntos integrantes de esta estructura criminal.
Carne contaminada y daños ambientales
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) verificó que la carne procesada no era apta para el consumo humano, debido a que representaba un riesgo grave para la salud pública. El producto era empacado y trasladado sin las condiciones mínimas de conservación, como la cadena de frío, a bodegas en Cota (Cundinamarca) y Bogotá, donde era distribuido posteriormente a distintos intermediarios e instituciones públicas.
Además, las autoridades revelaron que las prácticas clandestinas de esta red ocasionaron severos daños ambientales. La contaminación de suelos y fuentes hídricas fue identificada como resultado del vertimiento incontrolado de residuos generados durante el sacrificio de los animales.
Peligro en programas públicos y poblaciones vulnerables
El hallazgo de que la carne habría sido suministrada a proveedores del Plan de Alimentación Escolar (PAE) —destinado a alimentar a niños en escuelas— y otros programas públicos evidencia graves fallas en la cadena de control y vigilancia de alimentos. Esto ha despertado la alerta sobre la necesidad de fortalecer la regulación en el suministro de productos cárnicos, especialmente aquellos dirigidos a poblaciones vulnerables.
Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer la magnitud de la operación y las posibles responsabilidades de otros actores en la cadena de distribución.
