Se trata de la Hacienda Granada, un predio de 44,8 hectáreas de terreno y más de 900 metros cuadrados, ubicado en el municipio de Simijaca, Cundinamarca, que se entregó en contrato de arrendamiento a la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC), organización que beneficiará a casi 100 familias que actualmente habitan diferentes municipios del departamento de Boyacá y norte de Cundinamarca.
El terreno, que se encuentra en proceso de extinción de dominio y en administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) desde el año 2021, fue recuperado de la ocupación del general retirado, Rodolfo Palomino, en noviembre de 2022, al terminar un contrato de arrendamiento con irregularidades en su procedimiento.
La Hacienda Granada perteneció al narcotraficante conocido como alias ‘Pedro Orejas’ y se encuentra en un proceso de extinción de dominio.
“La SAE entregó hoy a 100 familias campesinas bajo la modalidad de arriendo con enfoque social, la hacienda Granada que meses atrás había recuperado, cancelando el contrato de arriendo que el gobierno anterior dejó con el General (r) Palomino”, mencionó la entidad.
Agregó que las familias campesinas adelantarán un proyecto de explotación ovejera y agrícola de mediana intensidad.
Antecedentes
En octubre de 2022 se conoció que el exdirector de la Policía Nacional general (r) Rodolfo Palomino era el encargado de administrar esta finca de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), y que había sido decomisada al narcotraficante conocido como Pedro Orejas.
Sobre la propiedad, Palomino aseguró que solicitó la administración de la hacienda, pues se acomodaba a las necesidades del emprendimiento que manejaba sobre producción de leche de vaca. Así lo confirmó en una carta donde explicó las razones que lo llevaron a convertirse en el administrador de la propiedad que en su momento perteneció a un delincuente que el mismo Palomino se encargó de perseguir.
Los detalles de la historia sobre la administración de Palomino salieron a la luz cuando en octubre de 2022 se conoció que desde la Procuraduría General de la Nación se abriría una indagación disciplinaria y una inspección a la sede en Bogotá de la SAE, todo por unas presuntas irregularidades en la administración de los bienes incautados a la mafia.