Por imponer de manera ilegal cientos de comparendos e inmovilizaciones de vehículos y abusar de su poder, un juez de garantías le concedió casa por cárcel a un mayor de la Policía, cuatro patrulleros y dos funcionarios de la Secretaría de Tránsito de Soacha, capturados por presuntas comisiones ilegales para imposición de comparendos.
La decisión fue tomada por un juez de garantías de Soacha al resolver la situación jurídica del Mayor de la Policía, David Leonardo Uribe Alarcón, y otros tres patrulleros de la Policía de Tránsito, fueron afectados con una medida de aseguramiento que deberán cumplir estrictamente en su domicilio. Los uniformados incurrieron presuntamente en los delitos de concierto para delinquir y cohecho.
Los siete señalados deben permanecer en sus hogares por posibles contagios de covid-19 en las cárceles, a pesar de ser un peligro para la sociedad. “El juez les concedió la casa por cárcel argumentado que es un riesgo enviarlos a un centro penitenciario por el posible contagio de coronavirus, que sigue afectando de manera preocupante a la población carcelaria en el país”, indicó Noticias RCN.
EL juez en la decisión aseguró que estos policías, que al parecer recibieron comisiones para imponer de manera ilegal cientos de comparendos e inmovilizaciones de vehículos, abusaron de su poder y usaron su uniforme para cometer delitos muy graves.
El funcionario judicial, en la misma providencia, ordenó que, a Luz Adriana Baquero, funcionaria de la oficina de registro de la Secretaría de Tránsito de Soacha y su cómplice, el operador de grúas Carlos Arturo López, se les debe conceder la casa por cárcel.
La Fiscalía reveló en la imputación de cargos y medida de aseguramiento que los policías y los funcionarios de la unidad de Tránsito conformaron presuntamente una red criminal.
El mayor y los agentes recibían un promedio semanal de $25 millones de pesos por imponer comparendos en forma ilegal a los habitantes de Soacha y los conductores que salían de viaje hacia las zonas turísticas de Girardot y Tocaima.