Con la presencia de autoridades municipales y policiales, fue puesto en funcionamiento el Centro de Traslado por Protección (CTP) ‘El Remanso’ en Ubaté, un espacio destinado a la atención preventiva y temporal de personas en situación de riesgo, en el marco de la Ley 1801 de 2016.
Al acto asistieron el alcalde de Ubaté, Richard Bernal; el alcalde de Sutatausa, Jhonatan Ojeda; los secretarios de Gobierno de la provincia de Ubaté y el comandante del Distrito de Policía de Ubaté.
El secretario de Gobierno de Ubaté, Sebastián Neusa, explicó que el centro cuenta con tres celdas de 4×4 metros, cada una con capacidad para 40 personas. “Esto significa que el centro tiene una capacidad simultánea total de 120 personas, lo que nos permite ofrecer un espacio seguro, adecuado y organizado para la atención temporal de quienes requieren protección especializada”, señaló.
Indicó que el traslado por protección es una medida que puede ser adoptada únicamente por personal uniformado cuando exista un riesgo real e inminente para la integridad de la persona o de terceros. “La decisión debe estar sustentada en los principios de legalidad, necesidad, razonabilidad y proporcionalidad”, precisó, al explicar que procede en casos como riñas, estados de indefensión, alteraciones de conciencia por consumo de sustancias o crisis que impliquen peligro.
Sobre el protocolo de ingreso, afirmó que el procedimiento debe quedar documentado mediante informe escrito y que la persona trasladada debe ser informada de las razones de la medida. “La permanencia no podrá exceder de doce (12) horas y cesará inmediatamente cuando desaparezcan las causas que dieron origen al traslado”, sostuvo.
Operación, garantías y llamado institucional
El centro es administrado directamente por la Alcaldía de Ubaté, a través de la Secretaría de Gobierno, y funciona en un inmueble arrendado por $6.500.000 mensuales, valor que incluye servicios y mantenimiento. El presupuesto anual asignado para su funcionamiento es de $231.000.000, recursos destinados al pago del equipo interdisciplinario y al canon de arrendamiento.
El equipo está conformado por un abogado, una trabajadora social, una auxiliar de enfermería, un coordinador y una auxiliar administrativa. Además, habrá presencia policial permanente dentro del centro. “Sí habrá presencia policial permanente en el centro, con el fin de garantizar la custodia, la seguridad y el orden durante la permanencia de las personas trasladadas”, indicó Neusa.
Frente a las garantías, el secretario enfatizó que la medida no tiene carácter sancionatorio. “El traslado por protección está concebido como un medio preventivo y excepcional, no como una sanción ni como una forma de detención punitiva”, afirmó. Añadió que la persona tiene derecho a comunicarse con un familiar o persona de confianza y que todo el procedimiento queda registrado para efectos de control institucional.
Por su parte, el alcalde de Ubaté, Richard Bernal, afirmó que la aplicación de la Ley 1801 de 2016 permitirá fortalecer el acompañamiento institucional y mejorar la convivencia en el municipio, especialmente frente a situaciones relacionadas con personas en condición de calle y consumidores de sustancias psicoactivas. Señaló que se trabajará con equipos calificados y de manera articulada con diferentes sectores de la provincia para atender las inquietudes de la comunidad dentro del marco legal.
El mandatario también hizo un llamado sobre la necesidad de contar con Policía de Infancia y Adolescencia y reiteró que, aunque existe un decreto de toque de queda para menores de edad, la responsabilidad principal recae en los padres de familia. Indicó que la Administración mantiene convenios para ofrecer procesos de atención a jóvenes con problemas de consumo, pero aclaró que no pueden obligarlos a permanecer en ellos sin voluntad, y que las acciones hacen parte del Plan de Desarrollo para mejorar la calidad de vida y reducir situaciones en espacios públicos.
El centro atenderá principalmente a personas en estado de embriaguez o bajo efectos de sustancias psicoactivas cuando representen riesgo, habitantes de calle en situación de vulnerabilidad y personas en crisis emocional o alteración del estado de conciencia.
Finalmente, desde la Secretaría de Gobierno se informó que durante el primer año se medirán indicadores como número de traslados, cumplimiento del límite de 12 horas y variación en reportes de riñas o alteraciones del orden público, con el fin de evaluar su impacto en la seguridad y la convivencia del municipio.