Las motocicletas con sistemas de escape alterados o no originales que superen los niveles permitidos de ruido podrán ser sancionadas con multas que alcanzan los $1.208.000, según lo establece la Ley 2450 de 2025, conocida como la Ley contra el ruido, que ya comenzó a regir en todo el país.
La normativa fija un límite máximo de 86 decibeles para motocicletas y hace parte de una política nacional orientada a controlar la contaminación acústica, con el objetivo de proteger la salud pública, el medio ambiente y la convivencia ciudadana.
De acuerdo con el Gobierno nacional, la ley faculta a las autoridades y a la ciudadanía para prevenir, controlar y sancionar la contaminación sonora en el territorio colombiano, especialmente la generada por vehículos que han sido modificados para producir mayor ruido.
¿A quiénes aplica la medida?
La regulación está dirigida principalmente a motocicletas que circulan con escapes modificados, resonadores, silenciadores perforados o elementos retirados que incrementan el ruido del motor. Las autoridades advierten que estos cambios pueden ser verificados fácilmente, incluso sin necesidad de mediciones técnicas especializadas.
Tipos de sanciones para motociclistas
La Ley 2450 de 2025 contempla varias sanciones, que incluyen multas económicas, inmovilización del vehículo, rechazo en la revisión técnico-mecánica y pérdida de garantía, dependiendo de la infracción.
- Multa C28:
Aplica para vehículos que circulen con dispositivos que alteren el ruido, como escapes modificados o dañados, así como por el uso indebido de sirenas o luces de emergencia. Las sanciones oscilan entre $604.000 y $711.750. - Multa D17:
Considerada una de las infracciones más severas, se impone a conductores que excedan los límites de ruido o contaminación sonora. En estos casos, el comparendo puede llegar hasta los $1.208.000.
Las autoridades reiteran el llamado a los motociclistas para evitar modificaciones no permitidas, ya que además de generar sanciones, afectan la tranquilidad de las comunidades.
Con la entrada en vigencia de esta ley, el Gobierno espera una reducción significativa de la contaminación auditiva en el país y una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos, especialmente en zonas urbanas y residenciales.