Universidad de Cundinamarca enfrenta a la Nación por la no asignación de recursos

Alegando que se han vulnerado los intereses colectivos, la institución presentó una acción popular contra los ministerios de Hacienda y Educación, por no entregar transferencias en 1993 y 1994, lo que afectó sus finanzas.

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Directivos de la Universidad de Cundinamarca argumentan que en 1993 y 1994, el Estado no transfirió el dinero correspondiente a la institución pública, lo cual ha afectado las finanzas que son clave para la formación de la comunidad estudiantil.

Durante los dos años en mención, la Nación dejó de destinar 114 mil millones a la Universidad de Cundinamarca y, desde entonces, las laborales de sus directivos se han dificultado debido a que el número de estudiantes se incrementó en un 248 por ciento en los últimos 24 años, lo que significa que ahora cuentan con 13.901 alumnos.

Según el Alma Mater, el crecimiento de la comunidad estudiantil y la falta de la asignación de recursos por parte del Estado ha generado que mientras en 1993 se invertían 5,6 salarios mínimos por alumno en un año (unos 4 millones de pesos hoy), en 2016 solo hubo 1,7 salarios mínimos.

Las cifras expuestas develan la dificultad por la que está pasando la Universidad al verse afectada no solo en la infraestructura sino también en la calidad de la educación. Esta última fue la razón por la que estudiantes protestaron en 2012 al evidenciar la modificación en el plan de estudios que incluía disminución en la intensidad horaria y recorte de profesores de planta.

Y con ello, la ilusión de lograr la acreditación de alta calidad se esfumó entre los pasillos. Es así que la Universidad de Cundinamarca interpuso una acción popular contra los ministerios de Educación y Hacienda, por el dinero no entregado durante esos dos años.

Lo que pretende la institución es lograr:

  1. La protección al servicio público de la educación, pues la Nación no ha sido consciente de las necesidades del claustro, su cobertura y del proceso de acreditación que adelantan.
  2. La defensa de su patrimonio, por el dinero no transferido. Además, solicitan la revisión del monto que la Nación realiza a la Universidad para que sean mayores a 60.764 millones en vez de los 25.000 millones que actualmente reciben. De no ser así, sostener a una comunidad de 13.901 alumnos se vuelve difícil, de acuerdo con directivas del plantel educativo.
  3. La intervención del Estado para que responda por las afectaciones que sufrió la Universidad al no recibir los recursos correspondientes a los años en mención y que generaron detrimento en la institución.

Directivos de la Universidad esperan obtener una respuesta positiva antes de que finalice el año en curso, para que puedan financiar la formación del cuerpo docente a nivel doctoral, abrir nuevas plazas para profesores, mejorar los laboratorios y las bibliotecas, e invertir en investigación. Sin embargo, si el fallo resulta ser desfavorable tendrán que buscar alternativas para hacer la institución viable, pero con menos estudiantes.

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